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En concreto, la entidad ha incrementado su fondo mutual de 18,2 a 50 millones de euros. “Esto permitirá abordar nuevos proyectos de desarrollo”, explica a CincoDías José Luis Pérez, director general de la entidad. La decisión fue adoptada en la asamblea celebrada el pasado junio y acaba de quedar registrada en el Registro Mercantil. La operación se ha efectuado con cargo a reservas de libre disposición, por lo que no se ha exigido desembolso alguno a los 167.375 socios de la firma.

Tanto el fondo mutual como las reservas patrimoniales computan para calcular los ratios de solvencia. Por eso, no se produce variación alguna en esta magnitud. “Los fondos de la entidad mejoran, no en cuantía pero sí en composición”, explica Pérez. Y agrega, “un fondo mutual mayor permitiría abordar nuevos proyectos de desarrollo”. De esta forma, “el capital de garantía se sitúa muy por encima del mínimo legal, en concordancia con los volúmenes de actividad que desarrollamos”.

Esta no es la primera vez que la Mutualidad de la Abogacía refuerza su fondo mutual. Ya lo hizo en 2007, cuando paso de contar de nueve a 18,2 millones de euros. En aquella ocasión se realizó, como ahora, con cargo a reservas. Pero entonces la finalidad era distinta: la compañía deseaba solicitar al supervisor una autorización para no quedar sometida a los límites cuantitativos de prestaciones que rigen para las mutualidades.

La industria del seguro y de la previsión social se encuentra en vísperas de varios cambios normativos. En 2013 entran en vigor los nuevos requisitos de solvencia europeos, conocidos como Solvencia II. Además, la Dirección General de Seguros trabaja en un texto que dejaría a mutuas y mutualidades vía libre para acometer fusiones virtuales. Es decir, crear sociedades cabecera que permitan generar economías de escala y mejorar su eficiencia al tiempo que mantienen su personalidad jurídica. Mutualidad de la Abogacía puede sacar más partido a una futura concentración sectorial porque es la mayor mutualidad de España.

Las mutualidades de previsión son entidades sin ánimo de lucro destinadas a facilitar pensiones complementarias a la prestación pública para los supuestos de jubilación, viudedad, orfandad, invalidez y enfermedad. Suelen estar vinculadas a colectivos profesionales.

Hoy por hoy, las fusiones entre estas entidades son complicadas. Hasta la fecha solo se ha producido una: la integración de la Mutualidad de Químicos (MQ) en la Hermandad Nacional de Arquitectos (HNA). Fue en 2010.
El ahorro de los socios crece un 10,5%

Al cierre de junio, el ahorro de los socios de la Mutualidad de la Abogacía ascendía a 3.213 millones de euros. Un 10,5% más que un año atrás. Las nuevas aportaciones subieron un 18,7% “gracias a las aportaciones periódicas y extraordinarias, a las movilizaciones de planes de pensiones provenientes de otras entidades y a las nuevas contrataciones”, indicó la entidad en un reciente comunicado.

La mutualidad cuenta con inversiones valoradas en 3.299 millones. Este año se ha hecho con un 2% del capital de Renta 4, y tiene con convertibles que le permitirían alcanzar el 5% en esta firma de inversión.

En 2010, el grupo cosechó un excedente de 34,7 millones que fue destinado íntegramente a reforzar las reservas, que rozan ya los 102 millones de euros. El pasado año adquirió los edificios de Recoletos, 22, y Gran Vía, 43, de Madrid, así como una de las sedes históricas de BBVA en Bilbao (Gran Vía Don Diego López de Haro, 12). También se desprendió de nueve edificios, con los que logró unas plusvalías de 8,6 millones.

Ante este vacío legal, más de un millón de abogados reunidos en el Consejo de la Abogacía Europeo, el CCBE, por sus siglas en inglés (Council of Bars and Law Societies of Europe) ha solicitado la creación de un “turno de oficio europeo” que ofrezca asistencia jurídica gratuita transfronteriza a los ciudadanos más desfavorecidos.

La propuesta, que fue desarrollada durante todo el pasado año, se ha llevado en este ejercicio al Parlamento Europeo. Sin embargo, con la crisis económica que ha azotado el Viejo Continente, la respuesta se está haciendo esperar precisamente por la falta de fondos.

Presupuesto específico

De hecho, el sistema que propone la abogacía europea está basado en un presupuesto específico. “Abogamos por la creación de un línea presupuestaria de la UE que asegure la ayuda legal a los ciudadanos y sea financiada por los Estados miembros”, explican en su decálogo de propuestas.

Se pretende dar una especial atención a los grupos más vulnerables en las principales órdenes jurisdiccionales (civil, penal y administrativo). En este sentido, los letrados europeos piden que se proteja a las víctimas de violencia de género, menores, inmigrantes, personas de la tercera edad y enfermos.

La intención es que con ese presupuesto se pueda pagar la defensa de un abogado, la asistencia de expertos (peritos para informes técnicos), traductores e intérpretes, así como otros gastos accesorios (coste de notario y registro, publicaciones de autos, tasas, costes de documentos jurídicos y transporte). Eso sí, siempre que los ciudadanos cuenten con los requisitos de asistencia jurídica gratuita que se deben cumplir en cada país.

Además, abogan por que se garantice la libre elección del abogado y se asegure el principio de confidencialidad entre letrado y cliente. Los letrados quieren también que se respete el principio de unidad de defensa, es decir, que los mismos abogados actúen en todo el proceso jurídico.

La recomendación de este organismo es que ese “turno de oficio europeo” o la Asistencia Jurídica Gratuita (AJG), como ellos lo denominan, debería cubrir el conjunto de organismos y de tribunales europeos e internacionales, como el Tribunal de Justicia de la UE, el Tribunal de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.

“En orden a garantizar el derecho a la ayuda legal, los sistemas de acceso a estos servicios de ayuda legal gratuita deben ser accesibles, sencillos y eficientes”, reclaman desde esta institución. Los letrados exigen que las peticiones de justicia gratuita deberían ser posible a través de la web y utilizando la firma electrónica, con el objetivo de abaratar los costes y hacer los procedimientos más rápidos. No obstante, también consideran importante mantener los sistemas tradicionales.

Abogan por un portal e-Justice, en una segunda fase. “Sería una buena idea para el futuro, que incluiría la gestión informatizada y serviría para garantizar la confidencialidad de las comunicaciones”, añaden desde el Council of Bars and Law Societies of Europe.

Por su parte, enfatizan el papel de los colegios y consejos profesionales, así como el resto de instituciones que representan a los letrados, como los mejores garantes de la calidad de los servicios de los abogados.

La propuesta del Consejo de la Abogacía Europea responde a la Directiva 2002/8/EC del 27 de Enero de 2003 en la que se hacía especial hincapié en la necesidad de mejorar el acceso a la Justicia transnacional estableciendo “unos mínimos comunes” para los ciudadanos, que posteriormente debería adaptarse al contexto de cada país.

Seis años después, el CCBE avisa de que “resulta preocupantemente que la ayuda legal siga todavía sin cubrir los aspectos más básicos”. Este organismo denuncia no solo la ausencia de una mejora en la regulación, sino también “el desarrollo de una gran cantidad de instrumentos transfronterizos en los que no se han garantizado los derechos humanos”.

Desde el máximo organismo representante de los letrados europeos se incide en que “esto ha sido particularmente obvio en los asuntos criminales” donde los abogados consideran que debería haberse extendido el principio de la no discriminación a los terceros países.
Criterios mínimos para tener justicia gratuita

El informe elaborado por la abogacía europea reconoce “la diferencia de capacidad económica y coste de vida en los distintos países que integran la UE”. Sin embargo, aboga por establecer unos “criterios mínimos” para tener acceso a la asistencia jurídica gratuita.

En la propuesta elaborada por el Consejo de la Abogacía Europea, no obstante, se explica que “más allá de estos casos, serían los ciudadanos los que asuman parte o la totalidad del coste del proceso”.

Entre los criterios que debería acreditar un ciudadano que necesitara ayuda jurídica transnacional sería “el de cumplir como persona física, con independencia de la nacionalidad y acreditar la falta de medios económicos”.

Los abogados también piden una mejora del acceso a la información legal que se ofrece básicamente a través de la red. La CCBE cree que en este sentido se podría hacer algo más a nivel nacional y europeo. “Se deberían hacer esfuerzos adicionales en favor de las personas más vulnerables, que no tienen acceso a las tecnologías”.